Cuando el derecho al voto ni siquiera queda en el papel: el ejemplo de América Latina, donde hay 2.6 millones de inscritos en el AIRE.

El voto de los italianos en el extranjero debería ser uno de los símbolos más concretos de una democracia moderna e inclusiva. 6.4 millones de compatriotas (10% de la población total), aunque viven fuera de las fronteras nacionales, siguen siendo parte integral de la vida política del país. El sistema es simple sobre el papel: las papeletas electorales se envían directamente a casa de los electores, quienes pueden votar y devolver el sobre por correo. Sin embargo, en la práctica, esta promesa democrática no siempre se cumple. No pocos ciudadanos denuncian no haber recibido ninguna papeleta, viéndose de hecho privados de su derecho al voto.

El problema no es solo burocrático. Cuando un elector no recibe la papeleta, su derecho constitucional se convierte en un principio abstracto. El voto está previsto por la ley, pero se vuelve imposible de ejercer. Es una fractura entre norma y realidad que pone en duda la eficacia misma de las instituciones democráticas.

Paradójicamente, para encontrar ejemplos de sistemas electorales imperfectos hay que retroceder más de dos mil años, a la Antigua Roma. También entonces existía un complejo sistema de elecciones para elegir magistrados y cargos públicos. Formalmente, los ciudadanos votaban en asambleas y el proceso estaba regulado por normas precisas. Pero en la práctica, a menudo era muy diferente. Las elecciones romanas estaban frecuentemente influenciadas por presiones políticas, clientelismo y, sobre todo, por la compra de votos.

Este fenómeno tenía incluso un nombre técnico: ambitus. Indicaba el conjunto de prácticas ilícitas mediante las cuales un candidato buscaba asegurarse el apoyo de los electores. Se distribuía dinero, favores, banquetes o promesas de protección política. En otras palabras, el voto existía, pero su libertad estaba constantemente en duda.

Precisamente para combatir estos abusos, en el año 63 a.C. el cónsul Marco Tulio Cicerón promovió la Lex Tullia de ambitu. Esta ley buscaba reprimir la corrupción electoral y preveía sanciones severas para los candidatos culpables de comprar votos o de organizar prácticas clientelistas. Entre las penas se incluían la exclusión de cargos públicos y la inhabilitación política durante varios años. Era un intento de salvar la credibilidad del sistema electoral romano, demostrando que sin reglas respetadas, el voto pierde significado.

La comparación con el presente puede parecer lejana, pero en realidad plantea una pregunta fundamental: si hace más de dos mil años una civilización antigua se preocupaba por defender la integridad del voto, ¿cómo es posible que hoy, en la era de la tecnología digital, millones de electores aún deban depender de un sistema completamente basado en papel y correo?

En muchos países de América Latina las papeletas aún no han llegado a los ciudadanos; en Centroamérica incluso se reporta que algunos ciudadanos, todavía sin papeleta, fueron primero invitados a votar en el Consulado y luego enviados de regreso a casa para evitar el doble voto.

Vivimos en una época en la que operaciones complejas —desde transacciones bancarias internacionales hasta la gestión de infraestructuras críticas— se realizan en segundos a través de redes digitales seguras. Sin embargo, el derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero sigue dependiendo de sobres enviados por correo, con altos costos, largos tiempos de espera y el riesgo real de que el material nunca llegue a su destino.

No se trata solo de ineficiencia administrativa. También es una cuestión de desperdicio. El envío masivo de papeletas implica costos logísticos importantes para el Estado: impresión, envío internacional y gestión de los sobres de retorno. Todo esto para un sistema que, como demuestran muchas denuncias, ni siquiera logra garantizar que cada elector reciba efectivamente su material de votación.

El punto central es que una democracia no se mide solo por las leyes que proclama, sino por su capacidad real de hacerlas efectivas. El derecho al voto no puede quedarse como una promesa sobre el papel. Debe ser un derecho ejercible por todos los ciudadanos, sin obstáculos logísticos o administrativos.

La historia de la Antigua Roma recuerda que incluso las sociedades del pasado se enfrentaban al problema de la credibilidad electoral. La Lex Tullia de ambitu fue un intento de corregir un sistema que corría el riesgo de perder la confianza de los ciudadanos. Hoy el desafío es diferente, pero igualmente crucial: garantizar que cada ciudadano pueda realmente votar.

En el mundo, el voto electrónico existe, aunque no está muy extendido. Estonia lo utiliza desde hace casi veinte años y hoy más de la mitad de los electores vota en línea. Otros países, como Francia o México, permiten el voto digital al menos a sus ciudadanos en el extranjero. La paradoja es evidente: mientras algunas democracias experimentan con sistemas digitales, millones de italianos en el mundo siguen dependiendo de un sobre enviado por correo, con el riesgo real de que su voto nunca llegue, o quién sabe qué más.

Si en pleno siglo XXI una parte de los electores ni siquiera recibe la papeleta, el problema no es tecnológico. Es político e institucional. Y una democracia que no logra garantizar el derecho al voto a sus ciudadanos, dondequiera que se encuentren, debería cuestionarse seriamente cómo reformar su sistema antes de que la distancia entre principio y realidad sea demasiado grande.

Ha llegado el momento de cambiar (también esto), porque votar SÍ cuenta.