El Consejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE) emitió su dictamen formal y obligatorio sobre el DDL 1450/2025 – “Disposiciones en materia de ciudadanía”, actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El documento arranca del orden del día aprobado por la Asamblea Plenaria del CGIE en junio y constituye una respuesta crítica y articulada al Decreto-ley 36/2025, luego convertido en la Ley 74/2025, también a la luz de las aperturas manifestadas por el Presidente de la República y por el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional respecto de las modificaciones propuestas por el propio Consejo.

¿Qué señala el dictamen?

El CGIE, tras una amplia consulta con las comunidades italianas en el exterior —hoy preocupadas y desorientadas por los nuevos criterios sobre la ciudadanía iure sanguinis—, advierte que el proyecto introduce elementos discrecionales que desnaturalizan el principio original de transmisión por descendencia, entre ellos:

• La residencia del progenitor como requisito.
• La exclusividad de la ciudadanía italiana, en detrimento de quienes poseen doble nacionalidad.

Principales críticas

• Fecha límite retroactiva (27 de marzo de 2025). El DDL fija un término para hacer valer un derecho que las Secciones Unidas de la Corte de Casación —sentencia n.º 25317/2022— consideran imprescriptible. Para el CGIE, esta previsión viola los principios constitucionales de igualdad y de irretroactividad.
• Fin del automatismo para nacidos en el exterior con doble ciudadanía. El reconocimiento deja de ser automático y convierte un valor reconocido en un desvalor, con la pérdida de un derecho ya consolidado.
• Enfoque de control vs. inclusión. En un contexto de crisis demográfica, las motivaciones del decreto-ley priorizan el control antes que la inclusión, y no resultan convincentes en una visión de largo plazo sobre la comunidad italiana global.

Apertura a una reforma, con condiciones

Aunque el dictamen sobre el DDL 1450 es negativo, el CGIE se declara favorable a una reforma de la normativa sobre ciudadanía que:

• surja del diálogo,
• respete los derechos adquiridos, y
• se construya en colaboración con las demás instituciones del Estado, en pleno ejercicio de su rol representativo.

Para el CGIE, el DDL 1450/2025, tal como está, vulnera principios constitucionales y erosiona derechos históricamente reconocidos a la diáspora. El Consejo pide corregir el rumbo y abrir un proceso legislativo que incluya, no que excluya, a millones de descendientes que mantienen vivo el vínculo con Italia.