La isla caribeña goza de ciertos beneficios gracias a su integración con la federación estadounidense, pero Puerto Rico sigue condicionado por el hecho de ser un territorio no plenamente soberano. Una “protección” de Estados Unidos que en la práctica se traduce en el mantenimiento de un estatus marginal, más que en una oportunidad real de crecimiento autónomo.

Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es un archipiélago caribeño compuesto por la isla principal y varios cayos como Vieques y Culebra. Su capital es San Juan. (336.000 hab). Desde 1917 es un territorio no incorporado de los Estados Unidos: cuenta con autogobierno, pero no tiene los mismos derechos de un estado federado. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales ni tener representación plena en el Congreso.

La isla cubre una superficie de 9.104 km² y su población actual ronda los 3,2 millones de habitantes (2024). La mayoría profesa la religión católica, aunque existe una fuerte presencia protestante y evangélica. Puerto Rico es famoso por su biodiversidad, con atractivos como el bosque nacional El Yunque, y por una cultura vibrante que se refleja en su música, su gastronomía y sus festividades. El turismo es una de las industrias más dinámicas, atrayendo visitantes de todo el mundo.

Economía en crecimiento, pero con un peso insoportable

En los últimos años, Puerto Rico ha mostrado señales de crecimiento económico, sobre todo en 2023, cuando el PIB registró un aumento impulsado por las exportaciones y la inversión interna. La moneda oficial es el dólar estadounidense, lo cual ofrece estabilidad cambiaria pero limita la flexibilidad económica.

El problema central sigue siendo la deuda pública, que supera los 70.000 millones de dólares, una carga que en 2015-2016 ya se consideraba insostenible. Aunque ha habido reestructuración parcial, este lastre condiciona cualquier estrategia de desarrollo.

Pobreza, migración y desigualdad

Los salarios en Puerto Rico son, en promedio, menos de la mitad de los que perciben los estados más pobres de EE. UU., mientras que los precios de bienes y servicios son entre un 25 % y 50 % más altos.

En 2023, la isla alcanzó un PIB per cápita histórico de 30.914 USD, aunque con una tasa de crecimiento limitada al 0,7 %, inferior a periodos anteriores. El desempleo y la informalidad siguen siendo altos: más de 1,1 millones de personas en edad laboral estaban sin empleo o subempleadas en 2023.

El resultado es una tasa de pobreza del 48 % —una de las más elevadas bajo la bandera estadounidense— y una migración constante hacia el continente. Millones de puertorriqueños han buscado mejores oportunidades en ciudades como Nueva York, Orlando o Miami, alimentando una diáspora que influye tanto en la economía como en la cultura isleña.

Dependencia de fondos federales

La economía puertorriqueña depende en gran medida de los fondos federales estadounidenses. Un ejemplo claro es el Medicaid: mientras un estado como Misisipi recibe alrededor de 3.600 millones de dólares, Puerto Rico apenas alcanza los 370 millones.

Los programas de asistencia en caso de desastres también son cruciales. Tras huracanes como María (2017), la reconstrucción se sostuvo con fondos de la FEMA, que en el último plan fiscal ascendieron a más de 5.300 millones de dólares.

Además, la isla opera como zona franca dentro del sistema económico de EE. UU., con polos logísticos en Mayagüez, San Juan y Ponce, lo que la hace atractiva para ciertos sectores industriales y de importación-exportación.

PROMESA: austeridad y control externo

En 2016, el Congreso estadounidense creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera bajo la ley PROMESA, un organismo no electo encargado de controlar las finanzas de la isla. Este ente ha sido duramente criticado porque, en nombre de la austeridad, recorta servicios esenciales, limita inversiones públicas y reduce derechos sociales, restringiendo aún más la autonomía local.

El fin de la Sección 936, un incentivo fiscal que durante décadas atrajo a grandes farmacéuticas, provocó una desindustrialización profunda entre 1996 y 2006. A esto se suma el Jones Act, una ley que obliga a Puerto Rico a usar exclusivamente barcos estadounidenses en su comercio, elevando los costos logísticos en hasta 1.400 millones de dólares anuales.

Sectores clave y nuevos intentos de desarrollo

El turismo aporta cerca de 1.800 millones de dólares anuales y constituye uno de los motores de ingreso más dinámicos. La isla importa gran parte de lo que consume: combustibles, maquinaria, alimentos y productos manufacturados, siendo Estados Unidos su principal socio comercial.

El sector farmacéutico y de dispositivos médicos sigue siendo central, con fábricas que exportan al mercado estadounidense y global. Sin embargo, la dependencia de políticas federales y los problemas crónicos de infraestructura —en particular, los cortes eléctricos frecuentes— limitan la expansión de inversiones extranjeras.

El poder en pocas manos

En Puerto Rico, como en muchas sociedades caribeñas y latinoamericanas, existen familias y grupos empresariales que concentran riqueza e influencia desde hace generaciones. Estas élites dominan sectores económicos, políticos y mediáticos, manteniendo un círculo cerrado de poder.

La deuda pública, además, está en manos de grandes fondos de inversión estadounidenses, que presionan por pagos y recortes que afectan a la población. Los incentivos económicos atraen a inversionistas externos, pero rara vez generan un fortalecimiento real del tejido productivo local.

El resultado es un modelo donde las decisiones clave están más condicionadas por intereses foráneos que por un proyecto nacional puertorriqueño.

Seguridad, violencia y narcotráfico

La situación de seguridad es frágil. En 2024, Puerto Rico registró 15,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para mediados de 2025, la cifra rondaba entre 250 y 270 asesinatos, un leve descenso respecto al año anterior, pero aún alarmante.

Un informe de 2022 señalaba que el 42 % de los homicidios estaban vinculados al narcotráfico y a las pandillas. San Juan llegó a figurar entre las ciudades más violentas del mundo en 2019.

El territorio, por su ubicación estratégica, es un punto clave de tránsito de drogas entre América Latina y EE. UU. Organizaciones como las Ñetas, nacidas en las cárceles, controlan redes de narcotráfico, extorsión y violencia. Operativos federales han detenido a cientos de personas en los últimos años, pero la problemática persiste.

Incluso zonas turísticas, como La Perla, han sido escenario de episodios violentos, afectando la imagen internacional de la isla. En mayo de 2025, un joven de 19 años fue asesinado en un club nocturno en Mayagüez, un reflejo de la vulnerabilidad social.

¿La 51ª estrella o una colonia moderna?

El debate sobre el estatus político sigue abierto. Formalmente, Puerto Rico es un “Estado Libre Asociado”, pero en la práctica funciona como una colonia moderna. Sus ciudadanos son estadounidenses, pero carecen de voto presidencial y de representación legislativa plena.

La Junta de Control Fiscal es vista por muchos como una muestra de colonialismo directo: un gobierno desde Washington que toma decisiones por encima de las instituciones locales.

A lo largo de la historia, los plebiscitos han mostrado opiniones divididas: algunos apoyan convertirse en el 51º estado, otros prefieren mantener el estatus actual, y un sector aún sueña con la independencia. Sin embargo, ni el Congreso de EE. UU. ha dado pasos firmes hacia la estadidad, ni existe un consenso interno entre los puertorriqueños.

Conclusión: entre la protección y la dependencia

Puerto Rico vive en una dualidad:

• Se beneficia de la estabilidad del dólar, del acceso al mercado estadounidense y de fondos federales.
• Pero sufre la falta de soberanía, una economía dependiente y desigual, deuda asfixiante, élites locales y extranjeras que concentran poder, y altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico.

Más que un puente entre el Caribe y Estados Unidos, la isla sigue atrapada en un limbo colonial, protegida pero marginada, integrada pero sin voz plena. El futuro dependerá de si logra transformar esa relación ambigua con Washington en un verdadero proyecto de desarrollo propio o si continuará siendo, en palabras de muchos, la colonia más antigua de América.